Las Técnicas Superiores de Educación Infantil prestan el servicio para el apoyo a las aulas de tres años de Educación Infantil y las de Escolarización anticipada (2 años) en los centros docentes públicos del Gobierno de Aragón.
Este servicio, que cuenta con más de veinte años de historia, es muy apreciado por la comunidad educativa por la labor que desarrollan y la calidad educativa que prestan.
Sin embargo, curso tras curso, sufren una precariedad laboral creciente a la que ahora se suma la suspensión cautelar del proceso de licitación de los pliegos de condiciones que rigen dicho servicio.
A la tardanza en la publicación de los pliegos, la prórroga de los anteriores y la exigua subida salarial estimada en el informe de licitación (el Departamento “estima conveniente incluir un porcentaje del 4% para cubrir las posibles subidas salariales para cursos posteriores y los futuros incrementos que puedan negociarse para el próximo III Convenio Colectivo”, lo que es lo mismo: ¡una subida de un 4% en cinco años con una inflación disparada a niveles nunca vistos en 2022!), se suma ahora la
suspensión cautelar de los mismos estimada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón en sesión de fecha 1 de septiembre de 2022.
Para añadir más incertidumbre a las trabajadoras, el Departamento publica una primera asignación de técnicos a fecha 5 de septiembre que no cumple con las expectativas previstas: de los 97 centros a los que se dotó de esta figura durante el curso pasado, a día de hoy han dotado 67, de las cuales son 27 para aulas de escolarización anticipada, muchas de ellas con uno o dos alumnos, es decir una reducción del 21 %.
¿Realmente se puede considerar calidad al recorte de apoyos, a la imposibilidad de muchos centros con necesidades de acceder a ellos y a la precariedad laboral de estas trabajadoras que, cada año, uno o dos días antes de que comience el curso, esperan un destino incierto?.
Los sindicatos UGT, OSTA y CCOO exigen la licitación de un nuevo pliego de condiciones, que tenga en cuenta las necesidades reales de la comunidad educativa y que permita a las trabajadoras la negociación de unas condiciones laborales y salariales justas y el mantenimiento de los puestos de trabajo.