24/01/25 | Destacados
Las últimas votaciones en el Parlamento español demuestran, una vez más, que la mayoría de los políticos no creen en la justicia social ni en el reparto justo de la riqueza. Mientras tanto, las empresas continúan aumentando sus beneficios y la economía sigue creciendo, pero ese crecimiento no se traduce en mejoras para las clases populares.
La publicación en el BOE de los Reales Decretos que fueron rechazados debido al voto en contra del PP, VOX y JUNTS, sobre medidas como el gravamen energético y el decreto ómnibus, evidencia que una mayoría parlamentaria ha optado por priorizar sus propios intereses sobre los de la ciudadanía. Estas decisiones, lejos de solucionar los problemas estructurales, perpetuarán las desigualdades y cronificarán la pobreza que afecta a una parte importante de la clase trabajadora.
Respecto al impuesto a las energéticas, desde Aragón, como un territorio generador y exportador de energía, vemos con gran preocupación que seamos incapaces de contar con una tarifa eléctrica propia que refleje las numerosas instalaciones que soportamos en nuestro territorio; instalaciones, en muchos casos, con un elevado coste medioambiental para nuestro territorio. Es inaceptable que algunos de los representantes políticos aragoneses hayan votado en contra de un impuesto que solo afecta a las grandes empresas energéticas, mientras perjudica directamente a la clase trabajadora aragonesa.
En cuanto a las pensiones y después que el gobierno acertadamente las actualizara con carácter general del 2,8% para 2025, conforme al IPC, y un incremento de las más bajas de entre un 6% y un 9%, observamos con preocupación que, si no se toman medidas adicionales, estas mejoras podrían revertirse en febrero, volviendo a las cuantías de 2024. Es un claro ataque a los derechos de las personas pensionistas, que ven peligrar su poder adquisitivo frente a la constante subida de precios.
La derogación de las ayudas al transporte público, como los abonos gratuitos o bonificados para trenes de cercanías, media distancia y otros servicios de titularidad estatal, supone otro golpe directo a la clase trabajadora. Estas ayudas son esenciales para las clases populares que utilizan el transporte público diariamente y su eliminación impactará negativamente en los bolsillos de quienes más lo necesitan.
Aunque valoramos positivamente el anuncio del Gobierno de Aragón de mantener las ayudas al transporte, no deja de ser una muestra más de la incoherencia política y es que mientras en Madrid votan en contra de estas medidas, en Aragón aseguran mantenerlas.
Por último, desde OSTA queremos señalar que la redacción de decretos como el “ómnibus”, que agrupa múltiples medidas, solo dificulta su aprobación.
Por todo ello, exigimos al Gobierno central mayor responsabilidad y altura de miras para garantizar medidas claras y efectivas que realmente protejan los derechos e intereses de la clase trabajadora.
Desde OSTA seguiremos luchando por una política que ponga en el centro a las personas, con medidas que redistribuyan la riqueza, protejan a las clases populares y garanticen un futuro más justo para todas y todos.
01/03/23 | Destacados
El sindicato ha llevado a cabo en las ciudades de Zaragoza y Huesca movilizaciones, bajo el lema “Por la vía aragonesa. En Aragón podemos vivir mejor”.
En las mismas hemos mostrado nuestro rechazo a la situación actual que vive el País, fruto del aumento del coste de la vida que se lleva produciendo en los últimos meses y así como el rechazo a las políticas que están empobreciendo con dureza a las familias.
Bajo el lema “Por la Vía Aragonesa”, hemos exigido una batería de medidas para mejorar las condiciones de vida de las clases populares de Aragón, desde el aumento a 1.200 € mes del Salario Mínimo Interprofesional o de las pensiones más bajas, así como la implementación de medidas como una tarifa energética aragonesa, una banca pública o una cesta de alimentos antiinflacción.
En lo laboral vemos imprescindible que nuestros convenios se negocien aquí, ya que la recentralización de la negociación colectiva por parte de los sindicatos estatales, solo trae convenios de miseria. Así mismo hemos exigido a la patronal que los convenios vayan ligados al IPC, puesto que mientras suben los precios, la clase trabajadora pierde poder adquisitivo, a la vez que reclamamos que no haya ningún convenio por debajo de los 16.800€ anuales y seguir aumentando el SMI hasta los 1200€ en 14 pagas, que es aproximadamente el 60€ del salario medio en Aragón, tal y como recomienda la carta social europea.
También denunciamos que la próxima reforma de las pensiones solo va a traer más precariedad a nuestro mayores, ya que ampliar el cálculo, solo tiene como objetivo la reducción de las mismas, por lo que ante este nuevo ataque a nuestro sistema público de pensiones, debemos combatirlo con movilización y rechazando frontalmente la implantación de planes complementarios de pensiones, que entendemos es el primer paso para la privatización del sistema de pensiones.
Es necesario la derogación de las reformas de 2011 y 2013 que supusieron alargar la jubilación a los 67 años y que la pensión mínima se sitúe en los 1200€ en 14 pagas, como garantía a que nuestros mayores tengan una jubilación digna.
En otro orden de cosas, según ha señalado el Secretario General David Lázaro, “estamos cansados del llamado dialogo social, el Gobierno más «progresista» de la democracia debe tomar decisiones que beneficien a las mayorías sociales, como en el caso del precio de la luz”.
El ejecutivo aragonés debe ponerse a trabajar intensamente en sacar Aragón de esta situación económica, impulsando políticas de empleo, energéticas y sociales que beneficien a las clases populares aragonesas; la crisis sanitaria ha puesto sobre el papel, la necesidad de industrializar el País y no depender de unas pocas multinacionales y del sector servicios. Y para ello es necesaria la aplicación de políticas redistributivas a través de reformas fiscales en Aragón, como son la creación de una Hacienda Foral aragonesa o el aumento del impuesto de Sociedades al 25%, entre otras cuestiones.
También hemos puesto en el foco, denunciar la alarmante situación de pobreza energética que viven muchos hogares en Aragón, remarcando algunas de las propuestas en materia energética del sindicato, que pasan por la creación de una empresa pública aragonesa de energía, donde se incluyan la gestión de las centrales hidroeléctricas, una tarifa eléctrica aragonesa, debido a nuestro carácter productor y exportador de nuestro País, puesto que este es el “nuevo trasvase”, el energético, del que no quieren ni oir hablar en Madrid, como la puesta decidida por las instalaciones de auto consumo.
Por último, estamos convencidos que este es el camino a seguir y que no va a ser la ultima movilización que realicemos, sino que en nuestra agenda esta aumentar la movilización en las calles, con el fin de evitar la agenda de recortes sociales que se prevé para este otoño y los cuales agravan todavía más la situación social y económica que parecen miles de familias en nuestro País.
