11/05/23 | Destacados, Noticias
El nuevo AENC, firmado entre la patronal y los sindicatos estatales vuelve a ser papel mojado, puesto que, su aplicación no es obligatoria, sumado a que no se recupera el poder adquisitivo perdido por la clase trabajadora en estos dos últimos años.
Este nuevo acuerdo vuelve a intentar “bendecir” el dialogo social, como la herramienta para mejorar los derechos de los y las trabajadoras, cuando el mismo solo beneficia a la patronal, acuerdo tras acuerdo.
Es curioso que tras los anuncios de un “otoño caliente”, los sindicatos “institucionalizados” vuelvan a cerrar un acuerdo tan rápidamente, que, a nuestro juicio, solo genera desmovilización entre la clase trabajadora.
En cuanto al empleo, sigue el camino de la última reforma laboral, vuelven a precarizar más aún la contratación, puesto que recomiendan el contrato indefinido parcial, en vez de apostar por un empleo estable y de calidad. Sigue apostando por el fijo discontinuo; modalidad que como ya indicábamos ha aumentado desde la última reforma, puesto que usa a los y las trabajadores a la carta, además de ser un mero maquillaje de los datos de eventualidad.
Sobre salarios, este acuerdo no es ni de mínimos y solo es una recomendación, de la que la patronal ya anuncia que la retribución se pactará en función de los sectores y de las necesidades de las empresas, por lo que nos volveremos a encontrar con un nuevo AENC, que es pura publicidad y propaganda.
Según David Lázaro, Secretario General del sindicato: “Estas subidas, en primer lugar, se olvidan de lo sucedido en estos dos últimos años donde el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha supuesto que cada vez seamos más pobres y lo que es más grave, ni siquiera recomiendan la actualización con el IPC y lo topan como máximo un 1% más”.
En lo que respecta a la flexibilidad interna como una herramienta efectiva, que en muchos casos se utiliza abusivamente, llegando a decir: «la implementación de la distribución irregular de la jornada con el fin de compatibilizar las necesidades productivas y organizativas..», e incluso profundizan que los expedientes de regulación son una buena fórmula, pareciendo olvidar que los mismos se pagan con los impuestos de todos y todas, tema que no se abordo en la anterior reforma, consintiendo que los mismos no tuvieran autorización administrativa.
En cuanto al Teletrabajo, la apuesta es mínima, puesto que todas medidas vuelven a ser genéricas y ni siquiera se marcan porcentajes mínimos obligatorios en aquellos sectores que esta modalidad sea posible, lo que entendemos como una concesión más a las pretensiones de la patronal.
Si es poco todo lo anterior, este acuerdo dice textualmente sobre la Incapacidad temporal derivada de contingencias comunes;” fijar líneas de actuación que, como consecuencia, reduzcan el número de procesos y su duración, así como el seguimiento y evaluación de dichas actuaciones”, lo que a nuestro parecer es para reforzar el ámbito de actuación de las mutuas, en vez de fortalecer nuestra sanidad pública.
Para David Lázaro, máximo responsable de la central aragonesista, “vemos con preocupación que en vez de apostar claramente por unas pensiones públicas y de calidad se hable de: “fomentar en los convenios colectivos planes de pensiones de empleo”, lo que, al igual que la Reforma, va en la línea, de una privatización encubierta de nuestro sistema público de pensiones”.
Por último, este acuerdo vuelve a olvidar a los empleados públicos y los mismos que recomiendan unas subidas para el sector privado, son los que pactaron otras irrisorias para el personal público, entre otros aspectos.
Este acuerdo vuelve a demostrar la ineficacia de estos grandes pactos, que tienen más de publicidad para los firmantes, que medidas para mejorar la vida de los y las trabajadoras.
25/10/19 | Destacados, Noticias
El Gobierno de Aragón, junto
a los sindicatos institucionalizados (CCOO
y UGT), y las organizaciones empresariales (CEPYME y CEOE) han renovado este martes la declaración
institucional en torno al diálogo social, una Ley que desde OSTA consideramos
ineficaz y que tiene como principal objetivo buscar el consenso, a costa de
abandonar un sindicalismo reivindicativo, excluyendo a otras organizaciones
sindicales.
Esta Ley, que anteriormente
excluía al 20% de la representación sindical, sigue ignorando que otros sindicatos siguen creciendo en
representación en las empresas y en los sectores, y a día de hoy la suma de los sindicatos no
presentes en este acuerdo representan más del 30% de la representación sindical
en Aragón, ganada en las elecciones sindicales, en los centros de trabajo y en
los sectores.
Desde OSTA consideramos que
esta Ley es un fraude democrático, que no representa la voluntad de los y las
trabajadoras aragonesas, ya que dos sindicatos en connivencia con el gobierno
de Aragón y las organizaciones empresariales se atribuyen el total
representación de los mismos, cuando se excluye a más del 30% de los representantes sindicales,
que han elegido otras alternativas
sindicales diferentes a las firmantes.
Además, denunciamos
que esta Ley gire en gran medida sobre las políticas activas de empleo, medidas
que en la mayoría de los casos acaban convirtiéndose en cursos de formación,
que poco o nada aportan para la búsqueda del empleo y en cambio se convierten
en fuentes de ingresos para quien realiza estas formaciones, lo que puede suponer
una financiación encubierta.
Según
David Lázaro, Secretario General de OSTA, “es necesaria una negociación real,
sin exclusiones y donde todas las organizaciones, puedan participar y aportar,
y en las que se llegue a un acuerdo, que sirva para resolver los problemas de
los y las aragonesas”
Por último desde OSTA exigimos
la finalización de este tipo de diálogo social, vacío de contenido y
continente, con un alta cifra de dotación presupuestaria, que en vez de
asignarse a este tipo de acuerdos, debería revertir en políticas sociales y en
la ciudadanía más castigada por la crisis; dotándonos de una renta social
básica, creando una red de solidaridad y apostando decididamente por la defensa
de los Servicios Públicos como garantía del Estado de Bienestar.
12/09/17 | Destacados, Noticias
El pasado día 8 de septiembre, el Ejecutivo Autonómico presidido por el Sr. Lamban anuncio a bombo y platillo una Ley del diálogo Social y Participación Institucional, y como viene siendo habitual solamente han participado: Gobierno de Aragón, asociaciones empresariales y sindicatos institucionalizados.
La Organización Sindical de Trabajadores de Aragón, una vez más critica este tipo de acuerdos, ya que los participantes vuelven a ser los mismos que han impulsado otros acuerdos que han sido ineficaces y no han supuesto ningún beneficio para la clase trabajadora aragonesa.
Es curioso que el Presidente del Gobierno de Aragón en su discurso de investidura esgrimiera “la importancia y necesidad de un gran pacto social y político para reorientar la economía aragonesa hacia un modelo productivo que genere calidad a través de la innovación” y que “es preciso actualizar esta democracia con fórmulas de participación en la elaboración de las leyes y en la toma de decisiones”, palabras en las que mostraba su firme voluntad por impulsar la participación.
Ante estas buenas intenciones, presagiabamos un cambio de rumbo de su Gobierno en cuanto a la participación, pero los hechos demuestran todo lo contario, al excluir al 20% de la representación sindical en Aragón, que es la suma de los sindicatos que no están presentes en ninguno de los acuerdos impulsados por el Gobierno de Aragón en esta legislatura.
“Reclamamos una negociación real, sin exclusiones y donde todas las organizaciones, sindicatos y entidades, puedan participar y aportar, y en las que se llegue a un acuerdo, que sirva para resolver los problemas de los y las aragonesas”
Desde OSTA exigimos la finalización de este tipo de diálogo social, vacío de contenido y continente, con un alta cifra de dotación presupuestaria, que en vez de asignarse a este tipo de acuerdos, debería revertir en políticas sociales y en la ciudadanía más castigada por la crisis; dotándonos de una renta social básica, creando una red de solidaridad y apostando decididamente por la defensa de los Servicios Públicos como garantía del Estado de Bienestar.
