El Operativo de Prevención y Extinción de Incendios y la sociedad aragonesa padece un año más la pésima gestión de la Dirección de la Empresa pública SARGA y los engaños y la dejadez de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Desde esta Consejería se traslada un mensaje de tranquilidad a la sociedad aragonesa con un Operativo de Prevención y Extinción de Incendios precario y donde solo 8 brigadas helitransportadas, claramente insuficientes para cubrir toda la geografía aragonesa, están contratadas todo el año y unos pocos meses con el helicóptero activo. El cambio climático y las contingencias en el medio rural como temporales, riadas, etc, requieren de un Operativo profesional y multifuncional activo los 12 meses del año.
SARGA utiliza la figura de contratación como fijos discontinuos del personal de Operativo de Incendios de forma perversa y a través de “ERES encubiertos” maquilla las cuentas de la Empresa. Especialmente sangrante nos parece que la Dirección de SARGA esta campaña retrasase intencionadamente un mes la incorporación de más de 50 trabajadores y trabajadoras de Puestos Fijos de Vigilancia como medida de ahorro de costes y olvidando la función esencial que desarrollan.
La Sierra de Albarracín, a lo largo de los años ha contado con una red de 10 puestos de vigilancia de incendios forestales del Gobierno de Aragón, repartidos por su geografía.
Este año de manera incomprensible y por la dejadez del gobierno de Aragón en el mantenimiento de los Puestos de Vigilancia de los que es propietario y por la actitud negligente de SARGA con su personal, solo han sido activados 7 de ellos, suprimiendo los ubicados en los montes de Frías de Albarracín, Griegos y Orihuela del Tremedal. También permanece cerrado este año el Puesto Fijo de Vigilancia de San Juan de Flumen en Huesca.
Esto ha supuesto la eliminación de 8 puestos de trabajo dentro de la llamada “España vaciada”, zonas especialmente castigadas por la despoblación y el abandono rural, donde tan necesario es el fomentar el empleo.
Parece ser que desde algunas instituciones, olvidan, desconocen, o no les importan las zonas de alto valor ecológico con las que cuenta la Sierra de Albarracín como el Humedal RAMSAR de Orihuela, la reserva de la Biosfera del Valle Cabriel, el espacio protegido del rodeno, Zonas LICs, o ZEPAs de la red natura 2000, los abrigos de pinturas rupestres, el coto Micológico, la reserva de caza de los montes universales y los nacimientos de los ríos Tajo, Guadalaviar, Cabriel, Ebrón, Blanco y Gallo).
Estas zonas, son parte importante del patrimonio natural de Aragón, durante este año se van a quedar desprotegidas o mal vigiladas, no podemos olvidar que tras producirse un incendio se puede tardar más de 60 años en recuperar las zonas quemadas o directamente ser irrecuperables.
El terreno irregular provoca que haya zonas de sombra que impiden al resto de puestos de vigilancia detectar y ubicar un posible incendio o hacerlo en un tiempo prudencial. No se puede trasladar esa responsabilidad únicamente a la llamada de particulares en un territorio sin plena cobertura, con una densidad de población baja y con una gran incidencia de incendios por rayo en parajes recónditos en los que cuando se hace visible el incendio es ya por su gran virulencia.
La labor de los vigilantes es necesaria y no se pude sustituir, como bien recoge el Procinfo en su punto 10.2.1.“Los puntos que conforman la red de vigilancia desempeñan una importante función dentro del operativo de lucha contra incendios forestales, gracias a su privilegiada perspectiva de control. Los vigilantes de estos puestos fijos constituyen el primer eslabón en la cadena de alerta y son responsables tanto de la rapidez en la detección como en la precisa localización del foco”
Queremos hacer un llamamiento a las administraciones municipales, Comarcales y Autonómicas, para que reflexionen sobre esta situación y reviertan esta aberración que pone en grave riesgo el patrimonio natural de la Sierra de Albarracín y su potencial como motor económico de la región. Es además un duro golpe para el por si castigado y precario colectivo de vigilantes de incendios forestales del Gobierno de Aragón, que a pesar de su labor esencial en la extinción de incendios y de fijar población y contribuir al desarrollo de la “España vaciada”, sufren una contratación de 4 meses de media.
Con un presupuesto en la Comunidad de Aragón superior a 6.000 millones de euros y cuando nos mareamos con cifras de cientos de miles de millones de euros que se van a dedicar a reactivar la dañada economía española como consecuencia del Covid-19, se nos antoja una nimiedad la partida presupuestaria necesaria para solventar las deficiencias de los Puestos Fijos cerrados esta campaña. De la misma manera nos parece más que asumible económicamente, por los beneficios que originan y la importancia de lo que protegen, que estos trabajadores y trabajadoras vean incrementado los meses activos en sus tareas de vigilancia.