Las trabajadoras del sector no deben asumir el coste de una orden impuesta y de carácter obligatorio por parte del Gobierno de Aragón
El Gobierno de Aragón ha decretado esta última semana que el personal de residencia no vacunado, de nuevo ingreso, así como los que regresen de vacaciones o permisos, deberán someterse de forma obligatoria a una prueba diagnostica con 72 horas de antelación. Así como, cuando estén incorporados, deberán hacerse pruebas periódicas cada 72 horas.
Ante esta medida impuesta por el Gobierno de Aragón, OSTA exige a las empresas del sector que procedan a ajustarse a la normativa vigente en materia laboral y de prevención de riesgos, y por ello, abonen el coste que supone la realización de dichas pruebas diagnósticas, ya que, se trata de una medida obligada para el personal no vacunado de estos centros.
Con este tipo de actuaciones, el Gobierno está demostrando que a base de “Ordenes” publicadas en el BOA, tiene capacidad para influir en la gestión del sector de la dependencia en Aragón.
Desde OSTA lamentamos que el Gobierno de Aragón, en la actualidad, no haya tomado ni una sola orden a fin de mejorar y garantizar los derechos de las trabajadoras del sector, siendo en este caso cómplice de que las condiciones laborales sean cada día más precarias en este sector.
Finalmente, desde esta organización sindical, se exige a las empresas el abono de estas pruebas diagnósticos, y solicita una aclaración inmediata de esta medida al departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.