El Gobierno de Aragón, junto a los sindicatos institucionalizados (CCOO y UGT), y las organizaciones empresariales (CEPYME y CEOE) han renovado este martes la declaración institucional en torno al diálogo social, una Ley que desde OSTA consideramos ineficaz y que tiene como principal objetivo buscar el consenso, a costa de abandonar un sindicalismo reivindicativo, excluyendo a otras organizaciones sindicales.
Esta Ley, que anteriormente excluía al 20% de la representación sindical, sigue ignorando que otros sindicatos siguen creciendo en representación en las empresas y en los sectores, y a día de hoy la suma de los sindicatos no presentes en este acuerdo representan más del 30% de la representación sindical en Aragón, ganada en las elecciones sindicales, en los centros de trabajo y en los sectores.
Desde OSTA consideramos que esta Ley es un fraude democrático, que no representa la voluntad de los y las trabajadoras aragonesas, ya que dos sindicatos en connivencia con el gobierno de Aragón y las organizaciones empresariales se atribuyen el total representación de los mismos, cuando se excluye a más del 30% de los representantes sindicales, que han elegido otras alternativas sindicales diferentes a las firmantes.
Además, denunciamos que esta Ley gire en gran medida sobre las políticas activas de empleo, medidas que en la mayoría de los casos acaban convirtiéndose en cursos de formación, que poco o nada aportan para la búsqueda del empleo y en cambio se convierten en fuentes de ingresos para quien realiza estas formaciones, lo que puede suponer una financiación encubierta.
Según David Lázaro, Secretario General de OSTA, “es necesaria una negociación real, sin exclusiones y donde todas las organizaciones, puedan participar y aportar, y en las que se llegue a un acuerdo, que sirva para resolver los problemas de los y las aragonesas”
Por último desde OSTA exigimos la finalización de este tipo de diálogo social, vacío de contenido y continente, con un alta cifra de dotación presupuestaria, que en vez de asignarse a este tipo de acuerdos, debería revertir en políticas sociales y en la ciudadanía más castigada por la crisis; dotándonos de una renta social básica, creando una red de solidaridad y apostando decididamente por la defensa de los Servicios Públicos como garantía del Estado de Bienestar.