El pasado 9 de marzo de 2018, los sindicatos mayoritarios de la Administración Pública en el Estado junto al Ministerio de Hacienda y Función Pública, firmaron el II Acuerdo para la mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo.
Este acuerdo vuelve a suponer una nueva injerencia desde Madrid a las Administraciones Públicas aragonesas. Tras numerosos años de recortes por parte de los diferentes Gobiernos del Estado español en materia salarial, jornada de trabajo, tasas de reposición y la vulneración de la negociación colectiva, nos volvemos a encontrar con un acuerdo que, una vez más, busca centralizar las decisiones de la administración pública aragonesa desde el Estado español.
El acuerdo firmado determina que no habrá incremento de gasto ni de efectivos, señalando que para algunos sectores donde no se cumpla con el pago de la deuda y la regla de gasto, la tasa de reposición será del 75%, lo que significa mayor destrucción de empleo.
En cuanto a la parte económica, en ningún momento se garantiza el incremento real del IPC, lo que sigue suponiendo una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública en Aragón, tras años de perdida economica.
El acuerdo,deja abierta la posibilidad a traves de la «negociación colectiva», la mejora de los derechos sociales y economicos como la reducción de la jornada laboral y el complemento de Incapacidad Temporal. Derechos ya conquistados por el personal público y que fueron empeorados tras la publicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
II ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO