A finales de 2022 se aprobó una partida presupuestaria de aproximadamente 3.500.000 euros para mejorar el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la empresa pública SARGA. adaptándolo a las necesidades de Aragón, los retos del cambio climático, los incendios de 6ª generación mucho más virulentos e imprevisibles, a un aumento de los días del año con alto riesgo de incendios forestales y a la necesidad de actuaciones preventivas más efectivas que necesitan ser efectuadas a lo largo de todo el año.
Durante el día de ayer, 7 de febrero y en reunión del Comité Intercentros con la dirección de empresa de SARGA, esta comunico que no se iba a iniciar ninguna negociación para mejorar las condiciones laborales del Dispositivo Antiincendios, más allá de la presencia y contratación de los efectivos durante los 12 meses en el año 2023, sin asegurar que esto se consolide a futuro.
La partida presupuestaria destinada a mejorar el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales finalmente ha destinado para abonar el incremento de las retribuciones establecidas por el Gobierno de España para los empleados públicos, y a su vez más de la mitad del importe de esta partida se derive a la contratación de servicios con empresas privadas, lo que consideramos intolerable en una empresa Pública.
Llevamos años reivindicando un cambio en el modelo actual del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios, el cual sigue basándose en la precariedad de sus trabajadores y en modelos caducos de prevención y actuación frente a los incendios forestales y por ello apoyamos desde un primer momento los movimientos realizados por el Departamento de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón para provocar ese cambio necesario e iniciado hace ya tres años.
Esta situación no deja de sorprendernos, la incongruencia de un gobierno que una vez más pisotea a un Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales cuyos trabajadores viven en el mundo rural donde ayudan a fijar población y servicios. Un mundo rural que sigue sin entender que se infrautilice o ignore a un dispositivo desplegado por todo el territorio aragonés y que no sea empleado para las contingencias en el mundo rural siendo que ya ha demostrado su eficacia, versatilidad y utilidad en situaciones como las riadas del Ebro o la pandemia de la Covid-19.
Por todo ello y ante lo que consideramos un nuevo engaño por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, exigimos el cese inmediato del consejero Joaquín Olona.