20/02/26 | Federaciones, Servicios Públicos
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha dado la razón al Comité de Huelga del Centro Especial de Empleo Oliver
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha dado la razón al Comité de Empresa del Centro Especial de Empleo Oliver de ATADES, confirmando que la dirección incurrió en infracción laboral al establecer de forma unilateral supuestos «servicios mínimos» durante los paros intermitentes del 29 de mayo de 2025. La resolución, emitida el 5 de enero de 2026, da respuesta favorable a la denuncia presentada por el Comité de Huelga, tras una movilización histórica con 100% de participación de la plantilla convocada.
Los paros formaban parte de una campaña reivindicativa de cinco jornadas intermitentes convocadas por el Comité de Empresa —que cuenta con mayoría sindical de OSTA— para exigir una respuesta a sus demandas laborales. Durante el primer paro (29 de mayo, de 8:15 a 12:15 h), la empresa designó unilateralmente a 3-4 trabajadores en el centro de calle Ariza y 1 en el Polígono Plaza, alegando la necesidad de «atender situaciones de urgencia» ante la presencia de unas 170 personas con discapacidad intelectual. Ante esta actuación, el Comité de Huelga denunció inmediatamente ante la Inspección de Trabajo la vulneración del derecho fundamental de huelga, al tiempo que los trabajadores se movilizaban frente al centro y trasladaban sus reivindicaciones a la sede central de ATADES en Zaragoza.
El informe de Inspección de Trabajo zanja de forma contundente la controversia:
El centro productivo —dedicado en un 80% a fabricar componentes para hornos TEKA— no tiene actividad 24 horas ni resolución administrativa que lo declare como servicio esencial. Por tanto, no procedía la imposición de servicios mínimos, por no ser un servicio esencial.
Aunque la empresa podía establecer medidas de seguridad y mantenimiento durante la huelga, estaba obligada a negociar su designación con el Comité de Huelga, tal como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia 11/1981). La imposición unilateral vulnera el art. 28.2 de la Constitución Española, el art. 4.1.e del Estatuto de los Trabajadores y el art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977.
La Inspección ha confirmado la infracción, acordado la extensión de Acta de Infracción contra ATADES por vulnerar el derecho de huelga mediante la designación arbitraria de personal.
Para el sindicato OSTA “esta resolución reafirma el principio básico de que ni siquiera en centros que atienden a personas con discapacidad se puede vulnerar el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos sin negociación”. La empresa intentó escudarse en la situación de las personas usuarias para desactivar una protesta legítima con el 100% de apoyo de la plantilla, y la Inspección de Trabajo ha dejado claro que la protección de las personas con discapacidad no puede servir de excusa para saltarse los derechos fundamentales de los trabajadores.
Pedro Gil Alda, Presidente del Comité de Empresa del CEE Oliver, recuerda que “en su momento advertimos que endureceríamos la movilización si no había respuesta a nuestras reivindicaciones. Hoy celebramos esta decisión de la Inspección de Trabajo, pero seguimos exigiendo que ATADES dialogue de verdad con sus trabajadores y atienda sus demandas”.
Esta resolución sienta un precedente fundamental para los centros especiales de empleo y el sector de la discapacidad en Aragón, ya que la protección de las personas usuarias debe garantizarse mediante acuerdo con los representantes legítimos de los trabajadores, nunca por imposición patronal, y desde el OSTA anunciamos que velaremos para que la sanción se aplique en un futuro y no se repitan prácticas que pretendan desactivar el derecho de huelga.
17/02/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
No podemos permanecer en silencio ante la dramática situación que atraviesa el sistema de atención a la dependencia en Aragón
Los recientes datos publicados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, confirman lo que venimos denunciando desde hace años: Aragón está a la cola en inversión, en cobertura y en dignidad para las personas en situación de dependencia y también aquellas que les cuidan.
Mientras el Gobierno de Aragón presume de crecimiento económico y atracción de inversiones, más de 2.000 plazas residenciales permanecen vacías, al mismo tiempo que cientos de personas con dependencia severa o gran dependencia esperan desesperadamente una plaza pública o financiada. Esta paradoja no es fruto de la casualidad, sino de una política deliberada de subfinanciación, desinversión y falta de planificación estratégica en servicios sociales.
En Aragón, según reciente informe publicado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, las horas de ayuda a domicilio se sitúan en apenas 11 de media, frente a las 24 que se ofrecen en el resto del Estado. Para las personas con gran dependencia, se asignan 47 horas mensuales, muy por debajo de la media estatal de 65 horas.
Si hablamos de prestaciones económicas, la cuantía media en Aragón es de 360 euros, frente a los 384 euros del promedio estatal. Hablar de “ridiculez” no es exageración: es una descripción precisa de una política que ignora las necesidades reales de quienes más lo necesitan.
Pero este abandono no solo afecta a las personas usuarias. También impacta directamente en las trabajadoras y trabajadores del sector, que soportan cargas de trabajo insostenibles, salarios precarios y condiciones laborales indignas, todo ello en un contexto de falta de personal, ausencia de ratios adecuadas y sin una verdadera apuesta por la profesionalización y dignificación del cuidado.
Por ello, desde el sindicato OSTA consideramos que no puede permanecer en silencio ante la dramática situación que atraviesa el sistema de atención a la dependencia y exigimos al Gobierno de Aragón:
- Transparencia: que publique los datos reales sobre listas de espera, tanto en residencias como en servicios de ayuda a domicilio.
- Reforzar urgentemente la atención domiciliaria, con un aumento sustancial de horas y una actualización de las prestaciones económicas acordes a la realidad del coste del cuidado.
- Un plan de choque para el sector, que incluya la creación de empleo estable, la mejora salarial y la negociación urgente del Convenio Colectivo Autonómico del Sector de la Dependencia, pendiente desde hace demasiado tiempo.
No se puede seguir ocultando la pobreza del sistema bajo discursos triunfalistas. El derecho a la autonomía personal y al cuidado no es un lujo: es un derecho fundamental reconocido por ley desde 2006. En Aragón, ese derecho sigue sin hacerse efectivo.
Seguiremos movilizándonos hasta que el sistema de dependencia deje de ser un laberinto burocrático y se convierta en una verdadera red de protección y dignidad.
12/02/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
El Departamento de Educación autoriza contratar personal sin titulación a través de empresas de extraescolares para cubrir funciones docentes ordinarias, precarizando empleo y vulnerando la ley
Desde el sindicato OSTA denunciamos una práctica irregular detectada en diversos centros educativos públicos de Aragón que supone una triple vulneración: de la normativa de contratación pública, del Convenio Colectivo del sector de TSEI y de la normativa educativa autonómica.
Recientemente se adjudicó mediante procedimiento público (Expediente ECD_DGPCFP_2025_1001) a KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A. un contrato para cubrir 95 plazas de Técnico Superior de Educación Infantil (TSEI) destinadas al apoyo en aulas de 2-3 años en centros públicos aragoneses. Sin embargo, al alcanzar diversos colegios el límite de ratio permitido y agotarse dicho cupo, la Dirección General de Educación habría autorizado la contratación paralela de personal a través de empresas gestoras de actividades extraescolares para que realice funciones propias de TSEI dentro del horario lectivo ordinario.
Esta práctica genera una doble injusticia:
- Precarización laboral estructural: se sustituyen puestos cualificados de TSEI —con titulación específica y condiciones retributivas garantizadas por convenio— por contrataciones externalizadas presuntamente sujetas a condiciones salariales y laborales inferiores (posiblemente bajo convenios de actividades extraescolares no aplicables a funciones docentes ordinarias).
- Discriminación hacia el personal subrogable: mientras numerosas TSEI permanecen en situación de interinidad o sustitución sin acceso a plaza fija, se externaliza un servicio que debía cubrirse mediante el contrato público ya licitado, vulnerando el derecho de prioridad de contratación del personal con titulación específica.
Irregularidades detectadas:
- Posible fraude a la LCSP: La contratación paralela para realizar las mismas funciones previstas en el contrato adjudicado a KOALA podría constituir una división artificial de contratos (art. 115 LCSP) o un desvío de objeto contractual, al utilizar partidas destinadas a actividades extraescolares para cubrir necesidades docentes ordinarias ya previstas en el expediente de contratación.
- Vulneración del III Convenio Colectivo de TSEI: Las funciones de apoyo en aulas de Educación Infantil exigen titulación de TSEI. Contratar personal sin dicha cualificación o con retribuciones inferiores quebranta el principio de igualdad retributiva y profesional.
- Incumplimiento normativo educativo: Ante el exceso de ratio, la solución legal es solicitar autorización para nueva unidad o ampliar el cupo contractual, no externalizar fraudulentamente el servicio mediante partidas ajenas a su finalidad.
Exigencias sindicales:
- Paralización inmediata de estas contrataciones irregulares.
- Ampliación del cupo del contrato público de KOALA para cubrir las necesidades reales detectadas.
- Apertura de expedientes sancionadores por parte de la Inspección de Trabajo y la Inspección de Educación.
- Respeto escrupuloso al Convenio Colectivo del sector y al derecho de prioridad del personal subrogable con titulación TSEI.
Desde OSTA no vamos a permitir que la falta de planificación de la Administración se resuelva precarizando empleo cualificado y vulnerando derechos laborales conquistados. La infancia aragonesa merece profesionales titulados y estables, no parches fraudulentos que ahondan en la inestabilidad del sector, y hemos iniciado los trámites para presentar denuncias formales ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y no se descarta acudir a la Inspección de Educación del Gobierno de Aragón y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.
04/02/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Los sindicatos OSTA y UGT denunciamos la negativa institucional a abordar la emergencia en el sector de la Dependencia
Tras 26 días de silencio institucional y una doble solicitud formal de diálogo, la Secretaría General Técnica de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha respondido con una negativa sin fundamento a reunirse con OSTA y UGT para abordar la situación de colapso en las residencias y centros de atención a personas dependientes de Aragón.
El 7 y el 26 de enero, los sindicatos mayoritarios del sector —que representamos a más de 8.000 trabajadoras— solicitamos urgentemente una reunión para tratar la obsolescencia del Decreto 111/1992, norma de 34 años de antigüedad que regula los centros sociales especializados sin contemplar siquiera la existencia de la Ley de Dependencia (2006). La respuesta recibida el 2 de febrero es clara: «en estos momentos no resulta posible mantener la reunión solicitada».
Mientras la Administración elude el diálogo, la realidad en los centros es de emergencia social:
- Ratios inhumanos: una trabajadora atiende a 12, 14 o más personas dependientes graves en turnos de 8 horas sin descansos efectivos.
- Salud laboral destrozada: bajas por ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático superan el 40% en muchos centros.
- Abandono asistencial: familias denuncian falta de higiene básica, alimentación deficiente y ausencia de atención personalizada por falta crónica de personal.
- Rotación extrema: el 30% del personal abandona el sector cada año por agotamiento extremo, dejando vacíos imposibles de cubrir.
Esta no es solo una negativa administrativa, es abandonar a las personas más vulnerables de Aragón. Mientras la Consejería se esconde tras un correo burocrático, las trabajadoras sostienen con su salud un sistema que la propia normativa autonómica permite que se desmorone. El Decreto 111/1992 no es solo obsoleto, cronifica la precariedad.
Los sindicatos recordamos que la negociación no es un favor institucional, sino una obligación legal recogida en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos del sector. La negativa a actualizar una norma que permite ratios ilegales según el Real Decreto 2/2023 de prevención de riesgos laborales configura, además, una responsabilidad administrativa grave.
Ante el bloqueo institucional, OSTA y UGT anunciamos:
- Presentación inmediata de denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento sistemático de ratios mínimos de seguridad.
- Elevación del caso al Justicia de Aragón.
- Inicio de una campaña pública con testimonios de trabajadoras, usuarios y familias.
- Convocatoria de movilizaciones sectoriales en las próximas semanas si la Administración no asume sus responsabilidades.
Para la representación sindical, las trabajadoras del sector de la Dependencia no son invisibles y tampoco lo serán sus condiciones. Si el Departamento no quiere negociar nos veremos obligados a aumentar la presión en las calles y centros de trabajo, en los medios de comunicación y en las Cortes de Aragón. Hasta que se actualice el decreto y se garanticen unos cuidados dignos.
El sector de la Dependencia en Aragón sostiene la dignidad de más de 25.000 personas usuarias. Hoy, esa dignidad está en manos de trabajadoras exhaustas a las que el Gobierno de Aragón niega incluso el derecho a ser escuchadas.
26/01/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Los sindicatos más representativos del sector denunciamos la falta de respuesta de la Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia ante la solicitud de reunión realizada
Los sindicatos OSTA y UGT, como organizaciones más representativas del sector de la Dependencia y Cuidados en Aragón, denunciamos la falta de respuesta por parte de la Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia ante la solicitud formal de reunión enviada el pasado 7 de enero de 2026.
En dicha carta, solicitamos una reunión urgente con Lucía Horno Elósegui, Secretaria General Técnica, para abordar la situación crítica que viven las trabajadoras y trabajadores de las residencias aragonesas, así como sus consecuencias directas sobre la calidad de los cuidados y la dignidad de las personas usuarias. Propusimos las fechas del 20 y 21 de enero para dicha reunión, pero hasta la fecha no hemos recibido ni confirmación ni siquiera acuse de recibo.
La obsolescencia del Decreto 111/1992, que regula las condiciones mínimas en los centros de atención, y la ausencia de ratios adecuadas están generando una sobrecarga laboral insostenible, precariedad extrema y un deterioro progresivo en la atención a las personas dependientes. La Administración aragonesa tiene una responsabilidad directa en este modelo, ya que la mayoría de las plazas son concertadas con el propio Gobierno de Aragón.
Ante el silencio administrativo, UGT y OSTA reiteramos hoy nuestra exigencia de diálogo real y efectivo y anunciamos una nueva solicitud formal de reunión, esta vez con propuestas de fechas en la primera quincena de febrero. No obstante, advertimos que, si persiste la falta de respuesta, nos veremos obligados a intensificar nuestras acciones de movilización para exigir soluciones urgentes.
Las trabajadoras y trabajadores del sector no pueden esperar más. Exigimos dignidad, derechos y condiciones laborales dignas para quienes sostienen el sistema de cuidados en Aragón.
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