12/02/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
El Departamento de Educación autoriza contratar personal sin titulación a través de empresas de extraescolares para cubrir funciones docentes ordinarias, precarizando empleo y vulnerando la ley
Desde el sindicato OSTA denunciamos una práctica irregular detectada en diversos centros educativos públicos de Aragón que supone una triple vulneración: de la normativa de contratación pública, del Convenio Colectivo del sector de TSEI y de la normativa educativa autonómica.
Recientemente se adjudicó mediante procedimiento público (Expediente ECD_DGPCFP_2025_1001) a KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A. un contrato para cubrir 95 plazas de Técnico Superior de Educación Infantil (TSEI) destinadas al apoyo en aulas de 2-3 años en centros públicos aragoneses. Sin embargo, al alcanzar diversos colegios el límite de ratio permitido y agotarse dicho cupo, la Dirección General de Educación habría autorizado la contratación paralela de personal a través de empresas gestoras de actividades extraescolares para que realice funciones propias de TSEI dentro del horario lectivo ordinario.
Esta práctica genera una doble injusticia:
- Precarización laboral estructural: se sustituyen puestos cualificados de TSEI —con titulación específica y condiciones retributivas garantizadas por convenio— por contrataciones externalizadas presuntamente sujetas a condiciones salariales y laborales inferiores (posiblemente bajo convenios de actividades extraescolares no aplicables a funciones docentes ordinarias).
- Discriminación hacia el personal subrogable: mientras numerosas TSEI permanecen en situación de interinidad o sustitución sin acceso a plaza fija, se externaliza un servicio que debía cubrirse mediante el contrato público ya licitado, vulnerando el derecho de prioridad de contratación del personal con titulación específica.
Irregularidades detectadas:
- Posible fraude a la LCSP: La contratación paralela para realizar las mismas funciones previstas en el contrato adjudicado a KOALA podría constituir una división artificial de contratos (art. 115 LCSP) o un desvío de objeto contractual, al utilizar partidas destinadas a actividades extraescolares para cubrir necesidades docentes ordinarias ya previstas en el expediente de contratación.
- Vulneración del III Convenio Colectivo de TSEI: Las funciones de apoyo en aulas de Educación Infantil exigen titulación de TSEI. Contratar personal sin dicha cualificación o con retribuciones inferiores quebranta el principio de igualdad retributiva y profesional.
- Incumplimiento normativo educativo: Ante el exceso de ratio, la solución legal es solicitar autorización para nueva unidad o ampliar el cupo contractual, no externalizar fraudulentamente el servicio mediante partidas ajenas a su finalidad.
Exigencias sindicales:
- Paralización inmediata de estas contrataciones irregulares.
- Ampliación del cupo del contrato público de KOALA para cubrir las necesidades reales detectadas.
- Apertura de expedientes sancionadores por parte de la Inspección de Trabajo y la Inspección de Educación.
- Respeto escrupuloso al Convenio Colectivo del sector y al derecho de prioridad del personal subrogable con titulación TSEI.
Desde OSTA no vamos a permitir que la falta de planificación de la Administración se resuelva precarizando empleo cualificado y vulnerando derechos laborales conquistados. La infancia aragonesa merece profesionales titulados y estables, no parches fraudulentos que ahondan en la inestabilidad del sector, y hemos iniciado los trámites para presentar denuncias formales ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y no se descarta acudir a la Inspección de Educación del Gobierno de Aragón y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.
04/02/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Los sindicatos OSTA y UGT denunciamos la negativa institucional a abordar la emergencia en el sector de la Dependencia
Tras 26 días de silencio institucional y una doble solicitud formal de diálogo, la Secretaría General Técnica de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha respondido con una negativa sin fundamento a reunirse con OSTA y UGT para abordar la situación de colapso en las residencias y centros de atención a personas dependientes de Aragón.
El 7 y el 26 de enero, los sindicatos mayoritarios del sector —que representamos a más de 8.000 trabajadoras— solicitamos urgentemente una reunión para tratar la obsolescencia del Decreto 111/1992, norma de 34 años de antigüedad que regula los centros sociales especializados sin contemplar siquiera la existencia de la Ley de Dependencia (2006). La respuesta recibida el 2 de febrero es clara: «en estos momentos no resulta posible mantener la reunión solicitada».
Mientras la Administración elude el diálogo, la realidad en los centros es de emergencia social:
- Ratios inhumanos: una trabajadora atiende a 12, 14 o más personas dependientes graves en turnos de 8 horas sin descansos efectivos.
- Salud laboral destrozada: bajas por ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático superan el 40% en muchos centros.
- Abandono asistencial: familias denuncian falta de higiene básica, alimentación deficiente y ausencia de atención personalizada por falta crónica de personal.
- Rotación extrema: el 30% del personal abandona el sector cada año por agotamiento extremo, dejando vacíos imposibles de cubrir.
Esta no es solo una negativa administrativa, es abandonar a las personas más vulnerables de Aragón. Mientras la Consejería se esconde tras un correo burocrático, las trabajadoras sostienen con su salud un sistema que la propia normativa autonómica permite que se desmorone. El Decreto 111/1992 no es solo obsoleto, cronifica la precariedad.
Los sindicatos recordamos que la negociación no es un favor institucional, sino una obligación legal recogida en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos del sector. La negativa a actualizar una norma que permite ratios ilegales según el Real Decreto 2/2023 de prevención de riesgos laborales configura, además, una responsabilidad administrativa grave.
Ante el bloqueo institucional, OSTA y UGT anunciamos:
- Presentación inmediata de denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento sistemático de ratios mínimos de seguridad.
- Elevación del caso al Justicia de Aragón.
- Inicio de una campaña pública con testimonios de trabajadoras, usuarios y familias.
- Convocatoria de movilizaciones sectoriales en las próximas semanas si la Administración no asume sus responsabilidades.
Para la representación sindical, las trabajadoras del sector de la Dependencia no son invisibles y tampoco lo serán sus condiciones. Si el Departamento no quiere negociar nos veremos obligados a aumentar la presión en las calles y centros de trabajo, en los medios de comunicación y en las Cortes de Aragón. Hasta que se actualice el decreto y se garanticen unos cuidados dignos.
El sector de la Dependencia en Aragón sostiene la dignidad de más de 25.000 personas usuarias. Hoy, esa dignidad está en manos de trabajadoras exhaustas a las que el Gobierno de Aragón niega incluso el derecho a ser escuchadas.
26/01/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Los sindicatos más representativos del sector denunciamos la falta de respuesta de la Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia ante la solicitud de reunión realizada
Los sindicatos OSTA y UGT, como organizaciones más representativas del sector de la Dependencia y Cuidados en Aragón, denunciamos la falta de respuesta por parte de la Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia ante la solicitud formal de reunión enviada el pasado 7 de enero de 2026.
En dicha carta, solicitamos una reunión urgente con Lucía Horno Elósegui, Secretaria General Técnica, para abordar la situación crítica que viven las trabajadoras y trabajadores de las residencias aragonesas, así como sus consecuencias directas sobre la calidad de los cuidados y la dignidad de las personas usuarias. Propusimos las fechas del 20 y 21 de enero para dicha reunión, pero hasta la fecha no hemos recibido ni confirmación ni siquiera acuse de recibo.
La obsolescencia del Decreto 111/1992, que regula las condiciones mínimas en los centros de atención, y la ausencia de ratios adecuadas están generando una sobrecarga laboral insostenible, precariedad extrema y un deterioro progresivo en la atención a las personas dependientes. La Administración aragonesa tiene una responsabilidad directa en este modelo, ya que la mayoría de las plazas son concertadas con el propio Gobierno de Aragón.
Ante el silencio administrativo, UGT y OSTA reiteramos hoy nuestra exigencia de diálogo real y efectivo y anunciamos una nueva solicitud formal de reunión, esta vez con propuestas de fechas en la primera quincena de febrero. No obstante, advertimos que, si persiste la falta de respuesta, nos veremos obligados a intensificar nuestras acciones de movilización para exigir soluciones urgentes.
Las trabajadoras y trabajadores del sector no pueden esperar más. Exigimos dignidad, derechos y condiciones laborales dignas para quienes sostienen el sistema de cuidados en Aragón.
21/01/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Iniciamos una campaña contra las agresiones y recuerda que las empresas tienen la obligación legal de proteger la salud y seguridad de sus trabajadoras y trabajadores
Todas las empresas tienen la obligación legal de proteger la salud y la seguridad de sus trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las agresiones sufridas por el personal que trabaja en centros de atención a personas con discapacidad en Aragón, y la ausencia de protocolos claros, eficaces y aplicables pone en riesgo su integridad física y emocional.
Son muchas trabajadoras las que resultan agredidas a lo largo del año por una persona usuaria en los centros de trabajo. Las agresiones van desde escupitajos, insultos o tratos vejatorios a empujones o golpes, que pueden causar daño físico o incluso un profundo impacto psicológico.
No se trata de casos aislados, sino el reflejo de una realidad que viven diariamente miles de profesionales del sector: la falta sistemática de medidas preventivas, la ausencia de personal sanitario disponible en los centros, y la negativa de las empresas a reconocer y gestionar estas agresiones como accidentes de trabajo.
En muchos casos tras el incidente, las trabajadoras solicitan ser derivadas a la Mutua conforme establece la normativa de prevención de riesgos laborales. Muchas direcciones de los centros se niegan y no se activa protocolo alguno de actuación inmediata.
Esta actitud no es anecdótica. Es el resultado de una falta de responsabilidad institucionalizada en gran parte del sector y en múltiples centros de trabajo. Los Reglamentos de Régimen Interno no se entregan a la plantilla ni a la representación sindical, incumpliendo el derecho a la información. Los llamados “protocolos de actuación ante agresiones” suelen ser documentos genéricos, no operativos ni aplicables, que además no se activan en los casos reales.
Esto no es un problema de una sola entidad. Es un problema estructural del sector de la atención a la discapacidad en Aragón, donde miles de profesionales —en su mayoría mujeres— trabajan en condiciones de precariedad, sobrecarga y riesgo psicosocial, sin los recursos, la formación ni los protocolos actualizados que garanticen su seguridad.
Las empresas tienen la obligación legal, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto de los Trabajadores, de:
- Contar con protocolos de actuación reales y accesibles ante agresiones,
- Garantizar la derivación inmediata a la Mutua cuando se produce una agresión,
- Proveer formación específica y recursos suficientes,
- Y asegurar la participación sindical en la elaboración y actualización de normas de seguridad.
Ante esta situación, hemos presentado denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, exigiendo sanciones a las empresas que incumplen la normativa y la inmediata adecuación del sector a la legalidad vigente. De la misma manera el sindicato inicia una campaña en los centros de trabajo destinada al establecimiento de protocolos que eviten esta situación.
Desde el Sector de la Discapacidad de OSTA exigimos medidas de protección, con actuaciones concretas que la garanticen:
- Protocolos de actuación reales, accesibles y aplicados ante agresiones por parte de personas usuarias.
- Derivación inmediata a la Mutua, reconociendo todas las agresiones como accidentes de trabajo.
- Formación, ratios adecuadas y recursos suficientes para que nadie tenga que temer ir a su puesto de trabajo.
- Transparencia y participación sindical en la elaboración, revisión y aplicación de normas internas de seguridad y salud.
No podemos permitir que la violencia en el trabajo se normalice, ni que se silencie el sufrimiento de quienes cuidan a las personas más vulnerables. Defenderemos, con todos los medios a nuestro alcance, el derecho a la protección que la ley nos garantiza.
19/01/26 | Federaciones, Noticias, Servicios Públicos
Denunciamos que, al caducar el convenio en diciembre, los salarios de las trabajadoras no subirán en 2026
Debido a la caducidad del VIII Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, cuya vigencia terminó el 31 de diciembre de 2025, los salarios de las trabajadoras del sector no experimentarán ninguna subida en 2026.
Una vez denunciado el convenio, en tanto no se alcance un acuerdo sobre el nuevo texto, el convenio queda prorrogado en régimen de ultraactividad. Sin embargo, las subidas salariales automáticas previstas en el convenio no se aplicarán en 2026, tal como establece su propia Disposición Final.
Según dicha cláusula, la revisión salarial automática basada en el IPC solo operará a partir del ejercicio 2027, y únicamente si el PIB español registra un crecimiento anual superior al 2 %. Además, aunque existe una cláusula de garantía salarial que contempla una posible actualización en enero de 2026 —si la suma del IPC real de 2023, 2024 y 2025 supera el 9 % pactado en el convenio—, dicha actualización está limitada a un máximo del 3 % adicional (12 % total) y dependerá de un cálculo que realizará la Comisión Paritaria tras conocerse el IPC de diciembre de 2025.
“Esto supone una congelación salarial de facto para 2026”, advertimos desde OSTA, “en un contexto de inflación persistente y de un sector ya históricamente precarizado, donde las trabajadoras —mayoritariamente mujeres— soportan condiciones laborales extremadamente duras y una retribución que no refleja ni su esfuerzo ni la importancia social de su labor”.
Sin visos de un nuevo convenio estatal en el corto plazo
Aunque UGT y CCOO presentan la parálisis causada por las patronales, es fundamental señalar que la propia estructura de la mesa de negociación está bloqueada por la incapacidad de los propios sindicatos y patronales para acordar quiénes tienen legitimidad para sentarse a negociar.
Más allá de la retórica de urgencia, los sindicatos UGT y CCOO no han avanzado ni un paso en la sustancia del convenio, limitándose a exigir un acuerdo de representatividad que debería haberse resuelto hace meses. Su amenaza de acudir a la autoridad laboral, lejos de ser una solución, refleja la ausencia de voluntad real de negociación y el uso de la presión burocrática como excusa para la inacción.
En resumen, no son las patronales las únicas responsables de la parálisis, los sindicatos UGT y CCOO al no impulsar una salida política o legal clara desde el principio, comparten la culpa de esta estancada negociación que deja a miles de trabajadores sin garantías dignas.
Exigimos a la patronal y a los sindicatos UGT y CCOO urgentes avances en la negociación del nuevo convenio con el objetivo de garantizar una revalorización salarial justa, acorde con la inflación real y con el reconocimiento que merece el trabajo de cuidados. “No podemos permitir que, mientras los beneficios empresariales se disparan, quienes sostienen el sistema de atención a las personas más vulnerables sigan viendo congelados sus salarios”, concluye OSTA.
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