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Como cada mes de junio desde OSTA reivindicamos los derechos LGTBI, este año con especial preocupación, debido al aumento del odio y de las agresiones hacia el colectivo producidas en los últimos años, y es que 4 de cada 10 personas de la comunidad LGTBI han recibido insultos o amenazas durante el último año, se interponen más de 50 denuncias al mes por homofobia, bifobia o transfobia, datos alarmantes teniendo en cuenta que tan solo son unos pocos los que se atreven a denunciar.
En el estado español la lucha por los derechos LGTBI no ha cesado desde la primera manifestación a favor de los homosexuales celebrada en Barcelona en el año 1977 a la que apenas acudieron 4000 personas, y en la que se pedía la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que fue utilizada sistemáticamente para la represión de la homosexualidad y la transexualidad durante la última etapa del franquismo, ley que no fue derogada por completo hasta el año 1995. Cabe recordar también que no fue hasta el año 1990 cuando la OMS dejó de considerar como enfermedad la homosexualidad y el año 2018 hasta que dejó de considerarse la transexualidad como trastorno mental.
A nivel europeo el auge de partidos populistas de extrema derecha en países como Bulgaria, Polonia, Turquía, Chipre, Finlandia, Grecia, Portugal o España hacen que este dato de violencia contra el colectivo aumente hasta el 60%.
La LGTBIfobia sigue presente a nivel mundial, ya que alrededor de 70 países del mundo mantienen leyes de criminalización y hostigamiento, incluidas las que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos, incluso otros países ser homosexual conlleva la pena de muerte. A día de hoy leyes como las del matrimonio igualitario tan sólo se reconocen en 28 países. Todo esto hace que las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales son, a nivel mundial, objeto de torturas, violencia, persecución, asesinatos y hasta acusaciones de conducta desviada o inmoral, llegando a sufrir discriminación en el acceso al empleo, la salud, la educación y al derecho a la propia vida.
En el ámbito laboral las barreras de acceso al trabajo impuestas por las propias empresas, sumado a que muchas de las personas interrumpen de manera temprana su formación debido al acoso y rechazo que sufren en su etapa escolar nos hace encontramos con que las personas trans tienen un especial riesgo de vulnerabilidad y de exclusión social, con trabajos precarios, poco cualificados o con realización de actividades no regladas (como por ejemplo la prostitución), que les hacen vivir con escasos recursos. Esta vulnerabilidad se ha puesto más de manifiesto con la crisis derivada del COVID-19, en especial con el acceso a servicios básicos.
En el caso de lesbianas, gais y bisexuales no existe, aparentemente, dicha barrera para el acceso al mercado laboral. No obstante, el uso de “bromas” sobre la homosexualidad (“maricón, mariquita, marimacho”) sigue siendo muy extendido en los entornos laborales, sobre todo en aquellos sectores económicos más tradicionales y con menos formación.
En este sentido, exigimos al Gobierno de Aragón que se sigan dotando de recursos las leyes aragonesas de Identidad y Expresión de Género y no Discriminación para acabar de una vez con la LGTBIfobia. Es necesario que tengamos una mención específica en nuestras plataformas de negociación a la situación de acoso por LGTBIfobia tanto en los planes de igualdad de las empresas, como en los Convenios Colectivos y de empresa, en especial en el régimen sancionador de los mismos. También pedimos que se considere la LGTBIfobia como riesgo psicosocial en el ámbito laboral.
Por todo esto desde OSTA seguiremos reivindicando los derechos laborales y sociales de cualquier persona, ame a quién ame y sea como sea, porque solo de esta manera avanzaremos hacia el Aragón libre e inclusivo que queremos.
La Sección Sindical de OSTA en Lidl, ante la convocatoria de huelga realizada por los sindicatos estatales queremos hacer constar las siguientes consideraciones:
A los y las trabajadoras de Lidl no sobran los motivos para hacer una huelga. Las deficiencias medidas de seguridad, dejar a los centros sin vigilancia, aumentar las cargas diarias de trabajo y otras muchas deficiencias que los y las delegadas de OSTA llevamos denunciando desde hace tiempo.
Desde que se firmó el Convenio colectivo de Lidl a nivel Estatal, desde OSTA hemos venido denunciando la precarización diaria de nuestro puesto de trabajo, los problemas diarios que antes se resolvían con cada Comité se externalizan y llevan por parte de la empresa a más de 300 kilómetros.
Se está demostrando que sindicatos autonómicos como ELA consigue mejores acuerdos que los sindicatos estatales y cuál es el motivo, la negociación de las condiciones laborales se hace codo a codo, cara a cara, y no se intenta resolver por unas personas que no entienden lo que sucede en Aragón, País Vasco o cualquier otro territorio.
Está demostrado que, dónde la negociación colectiva es cercana, se consiguen mejoras laborales y que cuanto más se aleja la negociación de los centros de trabajo se produce mayor precarización y peores condiciones laborales.
Que no os engañen, NO existen trabajadores de primera o de segunda, todas las mejoras que se consiguen se hacen negociando en el centro de trabajo, solucionando los problemas que los “sindicatos estatales” no han conseguido resolver con un Convenio Estatal, que lo único que ha traído ha sido precarización, salarios más bajos y peores condiciones.
Nos sobran los motivos para ir a la huelga como ya hemos comentado, pero OSTA sólo se sumará a la Huelga si antes del día 4 de junio, ambos sindicatos se comprometen a negociar un convenio a nivel autonómico, que regule las relaciones laborales de los y las trabajadoras de Aragón y así consigamos que no se desvirtúe la negociación colectiva como quiere la patronal y algunos sindicatos, trasladando lo diario a mesas de negociación con muchas personas pero que aporta pocas soluciones.
Con fecha 07/04/2020 se ha publicado en el BOE la “Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa.
En dicha orden se establece la posibilidad de que se pueda seguir haciendo transporte aun cuando la tarjeta de tacógrafo esté caducada. Las condiciones son las siguientes:
1) La fecha de caducidad de la tarjeta deberá de ser entre el 6 de marzo de 2020 y los 15 días posteriores a la fecha en la que finalice el estado de alarma o sus prórrogas.
2) Esta medida SOLO será de aplicación para aquellos conductores que hubieran presentado la solicitud de renovación de la tarjeta como mínimo 15 días hábiles antes de su fecha de caducidad, y no les hubiera sido entregada la nueva tarjeta.
3) Los conductores afectados por dicha orden tendrán que llevar a cabo las siguientes actuaciones: a. Antes de iniciar el viaje, deberán de imprimir los datos del vehículo que conduzcan. b. Al finalizar el viaje, deberán imprimir los datos correspondientes a los períodos de tiempo registrados por el tacógrafo, así como registrar cualesquiera períodos dedicados a otros trabajos, disponibilidad y descanso que hayan llevado a cabo desde la impresión efectuada al comienzo del viaje.
4) Se deberá llevar en el vehículo la tarjeta caducada y un resguardo de la solicitud de renovación, así como las impresiones señaladas en el apartado anterior.
Desde que se
decretó el estado de alarma y se produjeron los cierres de colegios y empresas
muchas han sido las dudas sobre el futuro que nos esperaba a los y las
compañeras del sector de colectividades.
Desde OSTA
aplaudimos que parte de los y las compañeras de algunas empresas de comedores
escolares públicos (porqué no van a ser todas), no vayan a verse afectadas por
una suspensión de contrato (ERTE), y que los salarios de estas vayan a ser
asumidos por las diferentes Administraciones Públicas contratantes.
Este hecho es
fruto de los diferentes Reales Decretos que se han ido aprobando por parte del
Gobierno, así como del esfuerzo que todas y cada una de las Organizaciones
Sindicales hemos aportado en reuniones con empresas, con Organismos Públicos,
escritos de prensa, etc.
A pesar de ello, y
lamentablemente, consideramos que todavía no es momento de celebraciones, ya
que a día de hoy aún nos queda mucho por trabajar y pelear en el sector de las
colectividades.
Existen cientos de
trabajadores y trabajadoras del sector que sí que se han visto afectadas por
expedientes temporales de regulación de empleo (comedores de colegios privados
y concertados, empresas privadas, residencias privadas, etc). Compañeras y
compañeros que a día de hoy no saben cómo pagarán sus facturas el próximo mes y
cuando se les complementará su salario (ya de por si precarios) con la
prestación por desempleo, etc…,
Por ello animamos
tanto al resto de Organizaciones como a los y las compañeras del sector a
caminar de manera unida, sin egos, sumando y aportando lo mejor de cada uno,
porque esta será la única forma de tener un sector sólido, fuerte y del que
realmente nos podamos sentir orgullosas.
Con fecha de hoy hemos tenido conocimiento de que Aramark ha tomado la decisión de NO aplicar ERTE a los y las compañeras que trabajan en centros públicos, y por tanto se percibirá el 100% del salario en los próximos días. Dicha comunicación será, previsiblemente, anunciada por la empresa en los próximos días.
Suponemos que todo ello viene motivado por lo establecido en el Art. 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19., que establece que “… La entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión”.
Desde OSTA, como ya hemos manifestado en otros escritos, hemos venido manteniendo desde la publicación de este decreto que las Administraciones Públicas deben de indemnizar los salarios de los y las trabajadoras, y en ese sentido celebramos la decisión tomada por la empresa.
No obstante, seguimos recordando que existe un gran número de compañeros/as que lamentablemente sí que tendrán que verse afectados con la suspensión de contratos debido a que no prestan servicios para las Administraciones Públicas, y en ese sentido instamos a las empresas de cátering a tomar medidas para que estas se vean lo menos afectadas posibles por dicho proceso (complemento o adelanto de salarios, acumulación de vacaciones, acumulación de pagas, compromisos de empleo, etc) …
