30/03/23 | Igualdad
El envejecimiento de la población y las crecientes necesidades en cuidados, harán que las trabajadoras del hogar sean incluso más importantes en el futuro de lo que ya lo son ahora.
La prestación de servicios en el hogar familiar ha sido históricamente objeto de tratamiento diferenciado respecto al resto de actividades laborales.
El 6 de septiembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley que reconoce el derecho a paro de las empleadas del hogar, mejorando así sus condiciones y garantizando un derecho que había sido reclamado por el colectivo durante años.
La ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un éxito de las reivindicaciones de los colectivos de empleadas del hogar. La normativa nacional vulneraba el principio de igualdad de trato en un sector fuertemente feminizado y precarizado y representaba una forma de discriminación indirecta en base al sexo.
La norma, convalidada por el Congreso de los Diputados, recoge que las empleadas de hogar tendrán derecho a todas las prestaciones asistenciales disponibles en el ordenamiento jurídico laboral y se incorporarán a la prevención de riesgos laborales.
Hay que destacar que la normativa no tuvo efectos retroactivos, por lo que las trabajadoras del hogar comenzaron a cotizar para su prestación por desempleo desde el 1 de octubre de 2022.
Antes de este Decreto-Ley, las empleadas del hogar podían tramitar por cuenta propia su alta en la Seguridad Social. Desde el 1 de enero de 2023 ya deben ser los empleadores los que deban realizar dicha gestión y trámite. Por lo tanto, ya no serán los y las trabajadoras las que deban tramitar altas, bajas…, de cara a la Seguridad Social.
Los requisitos que deben cumplir los empleadores, son encontrarse al corriente con la Seguridad Social y cumplir con sus obligaciones tributarias una vez que inicie su actividad. Se equiparan las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena.
Prestar servicios en el hogar familiar se ha caracterizado, tradicionalmente, por tener un tratamiento diferenciado tanto por realizarse en un ámbito privado y no en una empresa, como por la alta variabilidad de las jornadas o del número de personas empleadoras. Con esta norma, se pone fin a una injustificada infravaloración del trabajo doméstico.
Las empleadas del hogar, dejan de ser el único colectivo laboral que carecía de protección en situación de desempleo, pese a que la mayoría tienen relaciones laborales a tiempo parcial e intermitentes, que a menudo finalizan repentinamente, por defunción de sus empleadores y con un régimen especial de despido que permitía los despidos arbitrarios e intempestivos, sin ningún tipo de indemnización.
Estas trabajadoras se encontraban en clara desventaja respecto al resto de trabajadores que sí están protegidos por el Estatuto de los Trabajadores y el Sistema de Protección Social. Mujeres, por tanto, abocadas a la pobreza y precariedad.
Mujeres que, hasta ahora, se encontraban bajo la amenaza del despido libre, con horarios interminables o sin descanso semanal, sin salarios dignos, desprotegidas frente al desempleo y fuera del ámbito de las normas dirigidas a preservar la salud.
Esta norma es un importante avance en la equiparación de las condiciones laborales y de Seguridad Social de las empleadas de hogar con el resto de trabajadores, superándose así una desigualdad histórica, carente de justificación.
No ha sido un camino fácil para ellas. Años de reivindicación, alzando la voz, organizándose en asociaciones y reivindicando estos derechos. Una lucha dura, de décadas.
Una norma que dota de dignidad laboral a un colectivo precarizado que merece ser tratado como cualquier otro y que sus derechos laborales sean plenamente respetados.
27/03/23 | Noticias, Opinión
Las organizaciones sindicales debemos tener una mirada critica y constructiva, pero siempre desde una perspectiva de clase, y más en un escenario en el que nos encontramos con un gobierno de “izquierdas”, que en materia laboral aplica políticas neoliberales por lo tanto, no nos podemos conformar con que esta Reforma de las pensiones, no es tan nociva para la clase trabajadora como la que hubieran hecho “otros”.
Este nuevo acuerdo anunciado a bombo y platillo por el Gobierno del Estado español, vuelve a ensalzar el modelo de concertación y diálogo social que solo trae perdida de derechos o retrocesos para la clase trabajadora, mientras se intenta invisibilizar, al igual que se hizo con la Reforma laboral, los aspectos más lesivos de la misma.
Como primer punto, se da por bueno el aumento de la edad de la jubilación a los 67 años y que, para el cálculo de las pensiones, ya no se tomaran los 25 años de la reforma del 2011, sino que de un plumazo pasamos a 29 años, de los que podremos descartar los dos que consideremos, lo que va a suponer unas pensiones más bajas en el futuro.
Esta reforma vuelve a aumentar los años para el cálculo y supone una pérdida de la cuantía de las mismas. Desde 2011 la reducción de las mismas ha caído un 5%. a lo que tendremos añadir lo que se derive de esta reforma. Como apunte, según el Banco de España, cada año de aumento del período de cómputo supone una reducción del 0.5% de la pensión.
Siendo cierto que esta reforma aumentara los ingresos y creemos que es en esta dirección por donde se debe caminar, es a totalmente insuficiente; la misma genera una nueva cotización que denomina solidaria, sin ningún tipo de progresividad y lo que es más perjudicial para la clase trabajadora; se acuerda un incremento de las cotizaciones mediante la aplicación del MEI, pasando del 0.6% actual al 1.2% en 2029.
Sorprendente es que, tras “destapar” las bases máximas de cotización, la subida se sitúa solo en 1.2% por encima del IPC, sin concretar si se podrá aumentar la posibilidad de aumentar la pensión máxima.
Es curioso, que ya no se hable de la caja de las pensiones, ni de su vaciamiento para otros fines que no fue para el que se creó, no proponiendo otras medidas, mientras las empresas siguen acogiéndose a bonificaciones, deducciones…
No podemos olvidar que la reforma establece un tope al gasto de las pensiones, dando al AIREF la potestad de analizar (recortar) si se está respetando el límite de gasto de las Pensiones y propondrá medidas para el caso de que no se cumpla, lo que parece una clara amenaza para nuestro sistema público de pensiones.
Como conclusión, se mantienen los recortes de la reforma del 2011, se amplían los años para la cuantía y el calculo de las pensiones, se sustituye el factor de sostenibilidad por el MEI, se anuncia una reforma de la jubilación parcial en los próximos meses y no se eliminan las trabas y recortes para el contrato de relevo.
Mirando con envidia sana a nuestros vecinos, ¿cómo es posible que, por alargar la jubilación en Francia a los 64 años, los agentes progresistas se opongan y se movilicen en contra del aumento de las pensiones y aquí solo unos pocos levantemos la voz en contra del establishment?
Desde OSTA os damos la respuesta, el dialogo social es el problema y nunca será una solución.
David Lázaro Aguilera
Secretario General de OSTA
15/03/23 | Noticias
OSTA y CHA han presentado un acuerdo donde, la formación política, incluye en su programa electoral para las próximas elecciones autonómicas las medidas y alternativas que el sindicato reclamaba en la campaña «Por la Vía Aragonesa, en Aragón podemos vivir mejor», que llevamos realizando desde febrero en los centros de trabajo.
Entre las medidas propuestas, se ha incluido cambios en la Ley del diálogo social, donde se excluye al 30% de la representación sindical en Aragón, siendo que el presidente del gobierno autonómico anuncio más participación y transparencia en su discurso de investidura.
Como ha señalado David Lázaro Secretario General de OSTA: «ambas organizaciones coinciden en que debemos decidir en Aragón nuestras condiciones, y que solo será posible no perder poder adquisitivo si nuestros convenios se negocian en Aragón y se blindan a a través de un marco de relaciones propio».
También destacan entre otras propuestas, la transferencia de las competencias de Trabajo, un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros, la gestión desde Aragón del Ingreso Mínimo vital, la reclamación de la deuda histórica del Estado con Aragón, así como la congelación de las cláusulas de actualización de las rentas de alquiler y las cláusulas de las hipotecas variable en todos los conceptos, políticas fiscales con el objetivo de redistribuir la riqueza, la creación de una Hacienda Foral, la oposición a proyectos como Canal Roya o la creación de una empresa pública de energía.
Joaquín Palacín, presidente de CHA ha agradecido a OSTA sus propuestas, que han sido incluidas en el programa electoral con el que CHA concurrirá a las Elecciones Autonómicas del próximo mes de mayo. “Compartimos la necesidad de priorizar lo social en la acción política y de avanzar en medidas que nos acerquen a mayores cotas de autogobierno”.
Finalmente, el presidente de CHA ha destacado el trabajo realizado desde OSTA, “su compromiso con Aragón y sus gentes, así como su lucha para conseguir empleo de calidad, una mayor Justicia social, un mejor reparto de la riqueza y, especialmente, el bienestar de todas las personas que viven y trabajan en Aragón”.
14/03/23 | Noticias
Los datos del IPC vuelven a golpear duramente a la clase trabajadora, ya que el mismo se ha situado en febrero en el 5.9% y lo que es más preocupante la inflación subyacente se sitúa en el 7.5, lo que sigue empobreciendo a las familias aragonesas. Ante esta situación solo es posible no seguir perdiendo poder adquisitivo si nuestras condiciones se negocian en Aragón, puesto que los convenios estatales son peores que los convenios de empresa, provinciales o autonómicos.
Es imprescindible que nuestros convenios se negocien en Aragón, porque los convenios estatales son sinónimo de precariedad y debemos blindarnos ante convenios en los que desde “Madrid” se decide por nosotros y nosotras.
Desde el sindicato señalamos que ante el incesante precio de los alimentos es necesaria la Creación de una cesta de alimentos “antiinflación”, garantizando que los productos de primera necesidad no se vean afectados por la subida de precios., siendo evidente que la reducción del IVA planteada por el Gobierno central, no se ha visto reflejada en los precios, por lo que este beneficio ha ido a las grandes cadenas y no a la clase trabajadora.
A ello hay que sumar que el Euribor ha alcanzado ya casi el 4%. En consecuencia, se prevé que la hipoteca variable media se encarezca por encima de los 3.600 euros anuales y que las que se materialicen también serán más caras. Ante esta situación insostenible, el sindicato propone la congelación de las cláusulas de actualización de las rentas de alquiler y las cláusulas de las hipotecas variable en todos los conceptos.
En este contexto solo queda seguir incidiendo en políticas sociales para proteger a las clases populares como es seguir en la línea de subida del SMI o la creación de una renta básica y universal aragonesa.
01/03/23 | Destacados
El sindicato ha llevado a cabo en las ciudades de Zaragoza y Huesca movilizaciones, bajo el lema “Por la vía aragonesa. En Aragón podemos vivir mejor”.
En las mismas hemos mostrado nuestro rechazo a la situación actual que vive el País, fruto del aumento del coste de la vida que se lleva produciendo en los últimos meses y así como el rechazo a las políticas que están empobreciendo con dureza a las familias.
Bajo el lema “Por la Vía Aragonesa”, hemos exigido una batería de medidas para mejorar las condiciones de vida de las clases populares de Aragón, desde el aumento a 1.200 € mes del Salario Mínimo Interprofesional o de las pensiones más bajas, así como la implementación de medidas como una tarifa energética aragonesa, una banca pública o una cesta de alimentos antiinflacción.
En lo laboral vemos imprescindible que nuestros convenios se negocien aquí, ya que la recentralización de la negociación colectiva por parte de los sindicatos estatales, solo trae convenios de miseria. Así mismo hemos exigido a la patronal que los convenios vayan ligados al IPC, puesto que mientras suben los precios, la clase trabajadora pierde poder adquisitivo, a la vez que reclamamos que no haya ningún convenio por debajo de los 16.800€ anuales y seguir aumentando el SMI hasta los 1200€ en 14 pagas, que es aproximadamente el 60€ del salario medio en Aragón, tal y como recomienda la carta social europea.
También denunciamos que la próxima reforma de las pensiones solo va a traer más precariedad a nuestro mayores, ya que ampliar el cálculo, solo tiene como objetivo la reducción de las mismas, por lo que ante este nuevo ataque a nuestro sistema público de pensiones, debemos combatirlo con movilización y rechazando frontalmente la implantación de planes complementarios de pensiones, que entendemos es el primer paso para la privatización del sistema de pensiones.
Es necesario la derogación de las reformas de 2011 y 2013 que supusieron alargar la jubilación a los 67 años y que la pensión mínima se sitúe en los 1200€ en 14 pagas, como garantía a que nuestros mayores tengan una jubilación digna.
En otro orden de cosas, según ha señalado el Secretario General David Lázaro, “estamos cansados del llamado dialogo social, el Gobierno más «progresista» de la democracia debe tomar decisiones que beneficien a las mayorías sociales, como en el caso del precio de la luz”.
El ejecutivo aragonés debe ponerse a trabajar intensamente en sacar Aragón de esta situación económica, impulsando políticas de empleo, energéticas y sociales que beneficien a las clases populares aragonesas; la crisis sanitaria ha puesto sobre el papel, la necesidad de industrializar el País y no depender de unas pocas multinacionales y del sector servicios. Y para ello es necesaria la aplicación de políticas redistributivas a través de reformas fiscales en Aragón, como son la creación de una Hacienda Foral aragonesa o el aumento del impuesto de Sociedades al 25%, entre otras cuestiones.
También hemos puesto en el foco, denunciar la alarmante situación de pobreza energética que viven muchos hogares en Aragón, remarcando algunas de las propuestas en materia energética del sindicato, que pasan por la creación de una empresa pública aragonesa de energía, donde se incluyan la gestión de las centrales hidroeléctricas, una tarifa eléctrica aragonesa, debido a nuestro carácter productor y exportador de nuestro País, puesto que este es el “nuevo trasvase”, el energético, del que no quieren ni oir hablar en Madrid, como la puesta decidida por las instalaciones de auto consumo.
Por último, estamos convencidos que este es el camino a seguir y que no va a ser la ultima movilización que realicemos, sino que en nuestra agenda esta aumentar la movilización en las calles, con el fin de evitar la agenda de recortes sociales que se prevé para este otoño y los cuales agravan todavía más la situación social y económica que parecen miles de familias en nuestro País.
